Llegan las elecciones y a los canditados que les preocupa entre comillas la ciudad la empapelan, la llenan de ruido visual a su antojo o hasta donde pueden. De acuerdo con la resolución 317 de diciembre de 2009, en Cali los candidatos al Congreso sólo podían poner 25 pasacalles o pendones, 10 avisos móviles y otros 10 en taxis.De acuerdo con la resolución 317 de diciembre de 2009, en Cali los candidatos al Congreso sólo podían poner 25 pasacalles o pendones, 10 avisos móviles y otros 10 en taxis.
Segun un reporte del Consejo Nacional Electoral, CNE, aparecen 106 candidatos violando esta norma.
Los Nominados son:
El primero de esa lista es Juan Carlos Rizzetto del PIN, a quien se le han desmontado 278 piezas publicitarias que superan unas diez veces la cantidad que estaba permitido.
El segundo de la lista es el conservador Germán Villegas, quien aparece con 233 elementos desmontados, 38 pasacalles y 195 pendones.
El candidato al senado superó unas ocho veces lo permitido en la ciudad.
Villegas declaro al diario El País que “no quiero evadir responsabilidades pero estoy seguro que algo pasó pues sólo ordené la publicidad que estaba permitida, vamos a revisar el tema al interior de la campaña”.
El tercer lugar fue ocupado por William Rodríguez, también del PIN, a quien le bajaron 230 publicidades, 4 pasacalles y 226 pendones. En el cuarto y quinto puestos están Carlos José Holguín y María Isabel Urrutia.
A Holguín le tumbaron 137 propagandas de su campaña y a Urrutia 127. La publicidad desmontada a ambos candidatos se ubica unas siete veces por encima de lo permitido.
El candidato a la cámara por el partido conservador le respondió ayer a un periodista que “no sabía hasta que usted me informó que me habían bajado pasacalles o pendones, no sabía que existía una resolución del Municipio que reglamentaba la publicidad política”.
Será el Consejo Nacional Electoral, CNE, quien determine, de acuerdo con una serie de fotografías tomadas por los operarios de la Alcaldía, que son las pruebas técnicas, las multas que deberán pagar los candidatos infractores. Dichas sanciones oscilan entre los $20 y $30 millones.